Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre este asunto. No pretendo aquí prolongar un debate que, según creo, va para largo. En todo caso, y sea cual sea la opinión que cada uno tenga sobre el tema, lo que a todos nos vendría bien sería pensar - al menos pensar - en los resultados que está dando la enseñanza oficial de la religión en la escuela y, en general, en los planes de estudio.
Digo esto porque, según creo, somos muchos los ciudadanos que palpamos dos hechos que están a la vista de todo el mundo. El primer hecho es que la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país pasan por varios años de clase de religión. Una asignatura en la que los obispos son los responsables de poner y quitar a los profesores, de aprobar o rechazar los libros de texto, de vigilar lo que se enseña y cómo se enseña en cada centro, de controlar hasta el comportamiento público y privado de los docentes. El segundo hecho es que, según los estudios sociológicos más fiables que se han hecho hasta el día de hoy, una notable mayoría de jóvenes españoles se muestra distante de la religión, alejado de ella, ausente de la práctica religiosa y - lo que es más significativo - estas generaciones juveniles (al menos, hasta los que cuenta unos cuarenta años) muestran un desinterés casi total por cuanto se refiere a los temas de la religión, la Iglesia, la teología y todo cuanto se relaciona con esas cosas y esos conceptos. Es verdad que hay grupos muy concretos y minoritarios que frecuentan las reuniones de colectivos, de marcada orientación integrista y conservadora (Opus Dei, Quicos, Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo...), pero incluso en estos grupos se empiezan a advertir signos de cansancio. En cualquier caso, estos grupos son minoritarios en el conjunto de la población. Cosa que no contradicen las masivas concentraciones de la JMJ, como la del pasado agosto en Madrid. Porque es bien sabido que a esa magna concentración acudieron jóvenes de medio mundo.
Pues bien, estando así las cosas, a cualquiera se le ocurren algunas preguntas que son inevitables: ¿qué pasa con la asignatura de religión? ¿tan inútiles son los profesores que la enseñan? ¿tan rematadamente malos son los libros de texto que se usan para enseñarla? ¿cómo se explica que los chicos aprendan enseguida matemáticas, inglés o informática, por poner algunos ejemplos, al tiempo que la religión ni les interesa, ni les cuestiona, ni les resuelve gran cosa?
Como es lógico, este asunto ha preocupado seriamente a instituciones docentes, que se sienten responsables de lo que está pasando con lo de la religión en la enseñanza. Y los análisis más serios, que se han hecho hasta ahora, han dado un resultado que parece sólidamente demostrado: los niños y adolescentes asimilan los contenidos de la asignatura de religión hasta los doce o (a los sumo) los trece años. A partir de esa edad, desenganchan su mente de las ideas religiosas y del lenguaje religioso, de forma que, en adelante, toda esa temática y sus contenidos no les vuelve a interesar. No es que estén en contra de Dios o de los curas. No están ni a favor, ni en contra. Se trata de otra cosa. Se trata de que todo eso no les interesa en absoluto. Porque a nada de eso le ven utilidad, ni interés, ni nada de eso les aporta solución a lo que a ellos les interesa, les preocupa, les ilusiona o simplemente les llama la atención. A partir de ese momento, los profesores se desesperan en las clases simplemente para que, por lo menos, los alumnos atiendan a lo que allí se dice. Y no faltan los docentes que se las apañan como pueden para decir cosas que puedan interesar a los chicos. Pero la pura verdad es que, en las clases son muchos los que tiran como pueden, a sabiendas de que, a lo que pueden aspirar, es a dos cosas: hacer la clase lo menos desagradable posible y en la clase no decir nada que dé pie para que del obispado les llamen la atención o, lo que sería peor, les pueda costar el puesto de trabajo.
Así las cosas, mi pregunta es: ¿por qué no se afronta este problema en serio? Y ante esta pregunta, la propuesta que hago es muy clara: mi convicción es que el la raíz del problema está en los contenidos que se enseñan. En otras palabras: el problema está en la teología subyacente al catecismo. La teología, que se enseña y se aprende en los seminarios, no responde ya ni a las necesidades religiosas de la gran mayoría de la gente, ni se trasmite en un lenguaje que a la gente (sobre todo a las generaciones jóvenes) le pueda interesar y pueda entender. Mientras esto no se afronte y se resuelva, estaremos dando palos de ciego. O seguiremos resignadamente aferrados a unas seguridades de antaño que no van a servir para tranquilizar nuestras conciencias. Y, menos aún, para maquillar nuestro fracaso como trasmisores de la correcta relación de los seres humanos con Dios.

 

 La música del rap suena flojita. Rima consonante en el patio del instituto: "Para qué quieres saber / la vida de la abeja/ si vas a ser chacha / en la Moraleja... Oye muchacho/ si no quieres estudiar/ Esperanza Aguirre/ te va a ayudar". Varios chicos despliegan la pancarta junto a la cancha de baloncesto: Nos faltan los profesores. Severino Manrique, que imparte religión, prepara una performance con decenas de tijeras de cartón en una mesa. En vez de la camiseta de la marea verde lleva una visera del color de la movilización. "Estas instrucciones las tienen que retirar". Lo repite y parece convencido. Habla de la norma de principio de curso que amplió la jornada lectiva en secundaria de 18 a 20 horas y provocó un recorte en profesores interinos (docentes sin plaza). El Mirasierra, que este año gana 30 alumnos y pierde seis profesores, se plantó hace dos años ante la Consejería de Transportes para evitar que derribaran el centro para ampliar la línea 9 del suburbano. Aquella batalla la ganaron. Quieren repetir la hazaña con parte de la comunidad educativa levantada en armas por los recortes.

 

 

(Redacción).- El Gobierno de Madrid de Esperanza Aguirre se ha negado a "reconocer y devengar nuevos períodos de antigüedad (trienios)" a aquellos profesores de religión que ya tienen reconocido este derecho por sentencia firme del Tribunal Supremo, según ha denunciado en una nota el sindicato Usit-Ep, que desvela el incumplimiento de la normativa por parte de la CAM. En la carta que han recibido estos docentes se dice lo siguiente:

"Con fecha 10 y 21 de diciembre de 2010 el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias de casación para unificación de doctrina. En consecuencia, a la vista de la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, y en ejecución de la misma, se ha resuelto abonarle desde enero de 2011 exclusivamente los trienios que le fueron en su momento reconocidos en sentencia firme hasta el periodo reclamado, con los atrasos que corresponda, y durante el tiempo en que continúe prestando servicios, sin la posibilidad de que se le reconozca ni abone ningún nuevo trienio posterior a la sentencia firme que obtuvo".

    Para el sindicato, "al pretender aplicar una doctrina posterior a la firmeza de las sentencias que han obtenido estos profesores, incumpliendo la parte dispositiva de las mismas, el aguirregazo se aplica sobre la nómina de estos profesores de religión descontándoseles los trienios devengados tras sus respectivas sentencias firmes".
   USIT-EP reivindica el "principio de irretroactividad", lo cual haría inviable la afirmación de la Comunidad de Madrid, negando "la posibilidad de que se le reconozca ni abone ningún nuevo trienio posterior a la sentencia firme que obtuvo", cuando además, como ocurre en el presente caso, tales derechos individuales están avalados por sentencias firmes de los Tribunales de Justicia.
    Estos trabajadores, profesores de religión en centros públicos de la CM, que han visto reconocido el derecho al devengo y a la retribución de la antigüedad por sentencia firme, están viendo frustradas y burladas sus legítimas expectativas puestas en la firmeza de unas sentencias; situación que hunde un poco más el aparente Estado de Derecho, más formal que real, por unos políticos que se pretenden por encima de la Ley, sin tener que responder por ello, ni política ni personalmente.

(José Manuel Vidal).- La sala de lo social del Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias en virtud de las cuales los profesores de Religión se quedan sin derecho a trienios. La razón fundamental que aduce el alto tribunal para dictar dichas sentencias reside en que "no son equiparables a funcionarios interinos" y, por lo tanto, no les corresponden los mismos derechos. La medida afectará a todos aquellos profesores de Religión que no tengan judicialmente reconocidos los trienios. Entre el colectivo de profesores y sus sindicatos reina una enorme indignación por las sentencias del Tribunal Supremo que, además, unifican doctrina y sientan un precedente que daña gravemente sus intereses. Hay que tener en cuenta que los profesores de Religión redondean sus salarios con los trienios. En secundaria, el trienio se paga a 42 euros y, en primaria, a 35. La sentencia, cuyo ponente fue José Manuel López García de la Serrana, señala que, con el fallo no se incurre en discriminación. ‹ "Procede rechazar, igualmente, las argumentaciones de supuesta discriminación que se hacen con apoyo en el artículo 15-6 del Estatuto de los Trabajadores. No es lo mismo la relación de un funcionario que la de un contratado laboral, quien no puede acudir a la "técnica del espigueo" para, según le interese, pretender que se le aplique una norma u otra. El recurso no ofrece otro elemento comparativo, sólo se establece la concreta comparación con los funcionarios interinos, al no aplicarse el tantas veces citado art. 25-2 del E.B.E.P ., pero no se alega, ni concreta en ningún momento, que ese trato peyorativo se produzca por la inaplicación de un concreto convenio colectivo a la recurrente". › La segunda sentencia, presentada por el mismo ponente, llega a idénticas conclusiones, pero esta vez con el voto particular del magistrado Luis Ramón Martínez Garrido, en el que expresa su discrepancia "del criterio que mantiene la postura mayoritaria de la Sala". Resumen de la sentencia Id Cendoj: 28079140012010100840 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 2667/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA Tipo de Resolución: Sentencia Resumen: Profesores de religión. Antigüedad. Trienios.No son equiparables a funcionarios interinos y no se les aplica art. 25-2 E.B.E.P., lo que no supone un trato peyorativo.

MADRID- En el curso escolar 2003-2004 eran más de 5 millones los alumnos que optaban por cursar la asignatura de Religión en toda España. En el actual curso 2009-2010 se han matriculado 3,5 millones de estudiantes. Desde que el Partido Socialista llegó al poder en el año 2004, el porcentaje de alumnos que recibe formación religiosa y moral ha disminuido 3,5 puntos, pasando del 75,4% en el curso 04-05, al 72,1% del curso actual. Una de las razones de este descenso puede encontrarse en «las nuevas trabas» que la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha introducido «para que los alumnos opten en igualdad de oportunidades por la enseñanza de la Religión católica en los distintos tramos de enseñanza», denuncia la Conferencia Episcopal Española (CEE).  Uno de los motivos de que sea en estas dos últimas etapas cuando menos alumnos se decanten por estudiar la materia es el hecho de que mientras que en Infantil y Primaria son los padres los que eligen el tipo de formación religiosa para sus hijos, en la E.S.O. y Bachillerato los propios alumnos son los que pueden optar personalmente, y acaban eligiendo las opciones más cómodas, ya que «en muchos centros se ha relegado la asignatura al final del horario lectivo» para que «los estudiantes que no la elijan puedan salir una hora antes», ha denunciado el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, a Ep. Aunque reconoce el carácter voluntario de la materia, «porque los principios no se pueden imponer», Carbonel advierte de que el Ejecutivo, «a cambio, ha impuesto de manera obligatoria la asignatura de Educación para la Ciudadanía».

Los profesores de religión de la Comunidad de Madrid están comenzando a cobrar sus trienios por antigüedad, después de que, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, "la Comunidad de Madrid no presentase ningún procedimiento para reconocer la antigüedad a este colectivo". Según explicó la Unión Sindical Independiente de Trabajadores Empleados Públicos (USIT-EP), este personal laboral docente no cobraba sus complementos por antigüedad pese a que, también por ley, tienen reconocida su retribución como la de los profesores interinos del mismo nivel educativo. "Y es que la Comunidad que preside Esperanza Aguirre, la misma que no pierde ocasión de denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de financiación, es la única Comunidad Autónoma del Estado que no ha reconocido el mencionado derecho de antigüedad a este colectivo, obligándoles a recurrir por vía judicial", apuntaron. Ahora, después de casi tres años, "el Tribunal Supremo, después de haber pasado por los Juzgados de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habiendo inadmitido los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, "finalmente ha declarado firmes" las sentencias estimatorias del Alto Tribunal madrileño. Gracias a ello, ya son varios los grupos de profesores que están cobrando los trienios en la Comunidad de Madrid, y otros los cobrarán en las próximas nóminas, siempre desde el inicio de su prestación de servicios "y pese al incomprensible empeño de una Consejería de Educación, cada día más restrictiva y cicatera para con los derechos de sus trabajadores". Así, señalaron que dicho Departamento, en lugar de actuar y reconocer un derecho por "imperativo legal", ahora se ve forzada a hacerlo por "imperativo judicial". "Pequeño, si se quiere, pero significativo botón de muestra de la sensibilidad socio-laboral del gobierno autonómico que nos rige", añadieron.   No obstante, insistieron en que sólo cobraran los trienios quienes los soliciten judicialmente. "A no ser que la Comunidad de Madrid, en un alarde de inusitada "generosidad", pretenda pagarlos desde las transferencias educativas, es decir desde 1999 ó 2003 y no desde que se inició la prestación de servicios con el Ministerio de Educación, antes de las transferencias", concluyeron.

Uno de los cambios consistiría en modificar tres o cuatro artículos de la LOE para dotar al Bachillerato de un año más.
“Si como consecuencia del Pacto fuese necesario hacer algún cambio normativo, con mucho gusto lo haremos si es para la mejora de la Educación en nuestro país”. Fueron las palabras del ministro, Ángel Gabilondo, tras la reunión que mantuvo el pasado 29 de septiembre con la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal. Y, en efecto, el Ministerio está manejando diversos temas en los que no se opondría a cambiar la ley si el Pacto contase con una mayoría abrumadora. Según fuentes del Gobierno, “uno de esos temas consistiría en dotar al Bachillerato de un año más, a través de la modificación de tres o cuatro artículos de la LOE”. La estructura del Bachillerato viene recogida en la LOE desde el artículo 32 al 37, donde se especifica que “comprende dos cursos”. Hay que tener en cuenta que el cambio sólo afectaría a algunos artículos, ya que el propio ministro aclaró que “no se dan las circunstancias en este momento ni es la demanda del país entrar en la elaboración de nuevas leyes educativas”. Otro de los temas que se manejan es el carácter educativo de la etapa de 0 a 6 años al completo, donde también se produce una falta de acuerdo caracterizado por un modelo que para el Gobierno “está roto”, ya que el desarrollo que se está haciendo es muy disperso entre distintas consejerías, ya sean de Educación, de Familia o de Asuntos Sociales. Según fuentes del Gobierno “el objetivo sería crear un modelo único, ya que incluso la OCDE la considera una etapa clave”. En cuanto al programa Escuela 2.0, el Gobierno es consciente de los avances que ya han venido realizando varias comunidades autónomas en cuanto a la incorporación de recursos TIC en las aulas –ya sean pizarras digitales u ordenadores–, por lo que el Ministerio también va a intentar buscar junto al PP una unidad de criterio en cuanto a la aplicación de todas las cuantías económicas dedicadas al programa.
Autoridad del profesor
El Gobierno también va a atender la demanda por parte del PP de mayor autoridad del profesorado canalizando esta petición a través del Estatuto Docente. El objetivo es, en primer lugar, llegar a un acuerdo con los sindicatos en todo lo referente a la carrera docente, los grados, la evaluación del profesorado o los equipos directivos. Y en segundo lugar, trasladar todos esos acuerdos al PP, aunque la intención del Gobierno no es crear una mesa tripartita, sino poder coincidir con el principal partido de la oposición en temas como la inclusión de la autoridad del profesorado o la elaboración de la carrera docente. El PP ya presentó el pasado mes de julio una proposición de ley que modificara la LOE para considerar al profesorado como autoridad pública, así como un mayor grado de profesionalidad a través de una carrera docente tanto vertical como horizontal. Según el PP, “el hecho de que el 50% de los directores tengan que ser elegidos por la Administración demuestra que el modelo actual de dirección no está funcionando”. Quizá sea la FP el punto donde más fácil resulta para ambos partidos acercar posturas. La propia Cospedal aseguró tras la reunión con el ministro que “con una cifra de casi el 40% de los jóvenes españoles en paro, consecuencia de un sistema de FP, creemos que es necesario hablar y pactar sobre esta etapa educativa”. También el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, reconoció el pasado miércoles en la Comisión de Educación que “la FP es un elemento en el que vamos a coincidir”. Gómez Trinidad, sin embargo, enumeró algunos inconvenientes, como el gran coste para las comunidades que supone la transformación de los ciclos de Grado Medio de 1.200 a 2.000 horas, o el retraso en la publicación de los certificados de profesionalidad a los que conducen los PCPI.
Alternativa a la Religión
Donde el Gobierno no estaría dispuesto a ceder de ninguno de los modos sería en lo referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, sí que está abierto a implantar una materia alternativa a la Religión con contenido real. El temario tendría que ver con los conocimientos sobre el hecho religioso, o también existe la posibilidad de crear una materia que agrupe temas de sociedad, cultura y religión, de forma que el alumno conozca realmente cómo funciona la religión. Cospedal afirmó tras la reunión con el ministro que “no podemos pactar para seguir igual, y tenemos que transformar lo que tenemos, ya que se ha demostrado que el modelo que tenemos desde 1990, que aparece con la Logse, no ha dado buenos frutos”. “La sociedad española en su práctica mayoría considera que es bueno que los dos grandes grupos políticos nos pongamos de acuerdo en la modificación de nuestro sistema educativo”, añadió. A pesar de las posibles diferencias, la reunión, que duró apenas 30 minutos, finalmente se saldó con la satisfacción mostrada por ambas partes y con reconocimientos de buena voluntad política. Gabilondo aseguró que “había sido una reunión realista, comprometida con la Educación como una prioridad en nuestro país” y excusó la brevedad del encuentro en que “hemos optado por ir directamente a los asuntos, no darnos uno al otro conferencias, sino hablar sobre la viabilidad de los caminos. Conocemos bien nuestras posiciones, y no hemos necesitado hacer introducciones ni convencernos el uno al otro de nada”. Gabilondo se concede como plazo “los próximos dos o tres meses para certificar si el Pacto es viable”. El ministro se volverá a reunir con Cospedal tras la ronda de contactos que realizará con los demás partidos. El jueves pasado ya lo hizo con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida.
LA VERTEBRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
En el fondo del desencuentro entre Gabilondo y Cospedal está la defensa por parte de los populares de “un modelo educativo único, vertebrador de toda España, que garantice la igualdad de todos nuestros jóvenes en cualquier parte del territorio nacional”. Esta premisa choca con la flexibilidad que permite el Gobierno a las comunidades para fijar los contenidos no comunes de sus respectivos currículos (el 35% en las autonomías con una sola lengua oficial y el 45% en las que tienen dos). Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso, Josep A. Duran i Lleida, dejó claro tras su entrevista con el ministro el pasado jueves que “CiU no pasará por una recuperación de las competencias autonómicas por parte del Estado. En primer lugar, porque no sería constitucional, y después porque cuanto mayor proximidad exista respecto a la comunidad educativa, mejor”. Duran i Lleida se mostró sorprendido de que “el PP se limite siempre a estas cuestiones” y lamentó que los populares “empiecen con mal pie el diálogo para alcanzar este Pacto educativo”.

Los estudiantes de 1º de Bachillerato que el curso que viene no vayan a recibir clases de religión deberán dedicar esas horas al estudio dentro de la biblioteca del centro, según las instrucciones que da la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a todas las direcciones de los centros públicos de la región para el curso 2009-2010. Estas instrucciones, que son conjuntas de las viceconsejerías de Educación y de Organización Educativa, a las que ha tenido acceso Europa Press, se basan para determinar este punto en el artículo 12 de la Orden 3347/2008 de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización académica de las enseñanzas del Bachillerato derivado de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Esta normativa indica que los alumnos que no reciban religión dedicarán esas horas "al estudio dentro de la biblioteca del centro", por lo que "queda excluida" la posibilidad de que los alumnos que no estudien esta materia, en el horario en que sus compañeros la reciben, hagan otra cosa diferente a estudiar en la biblioteca del centro, o, en todo caso, en un lugar habilitado expresamente para dicho estudio. Según estas instrucciones, corresponde a los Servicios de la inspección educativa velar por el cumplimiento de la norma académica en todos los centros y en particular porque las actividades de estudio y las enseñanzas de Religión para los alumnos de un mismo grupo se desarrollen en horario simultáneo. No obstante, y siempre que ello no suponga incremento de profesorado, los centros podrán prestar en ese horario atención educativa a dichos alumnos. "De las medidas adoptadas a este respecto se informará a las familias y quedará constancia en la Programación general anual", concluyen.

Los Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979 podrían ser formalmente inválidos, tanto por cuestiones relativas a su falta de compatibilidad con algunos derechos constitucionales como por meras cuestiones de forma. Así lo considera el titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, Antonio Seoane, quien ha elevado por este motivo una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
El juez entiende que buena parte del Concordato, en especial en lo referente a la clase de Religión y el desarrollo de los derechos de los docentes de esta materia, no se adecua a las normas de la Carta Magna.
En una providencia a la que ha tenido acceso Público, y sobre la cual todavía no se ha pronunciado el Alto Tribunal, el magistrado falla a favor de la petición de unos profesores de Religión que estimaban vulnerados sus derechos laborales al no ser equiparados al resto de docentes del claustro en lo referente al cobro de trienios y el reconocimiento de su antigüedad. Sin desarrollo válido
Pese a que la sentencia no entra a valorar el momento en que se aprobaron dichas normas (el Concordato fue negociado a la par que la Constitución, aunque se firmó el 3 de enero de 1979), sí entra de lleno en la interpretación de su validez jurídica. Para el magistrado, "el desarrollo de los derechos contenidos en el artículo 27 (de la Constitución, referidos al derecho a una enseñanza en valores), carece de desarrollo válido" en lo tocante a la confesión católica.
Así, según el juez Seoane, no es de recibo que, como se señala en los Acuerdos Iglesia-Estado, la asignatura de Religión Católica deba impartirse "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". El juez también critica el hecho de que "la enseñanza religiosa sea impartida por las personas que, para cada curso escolar, son designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano propone".
Tampoco estarían bien diseñados los puntos del acuerdo Iglesia-Estado que establecen que "a la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación".
El juez tampoco está de acuerdo con el punto 4 del Concordato, que consagra que la situación económica de los docentes de Religión será pactada entre la Administración y la Conferencia Episcopal. Este apartado ha permitido que a lo largo de estos 30 años los profesores que imparten esta asignatura carezcan de seguridad laboral, pudiendo ser "despedidos" (formalmente, "no renovados") por el Obispo sin aportar razón alguna.
Escuela pública
Queda demostrado, según la sentencia, que mientras no se desarrollen de forma válida los principios constitucionales en la asignatura de Religión, "todo el sistema que se está aplicando es radicalmente nulo, incluida la presencia en la escuela pública de los profesores de Religión". De este modo, las clases de dicha asignatura en la escuela pública podrían no ser legítimas.
Para el responsable del auto, la cesión que el Concordato hace a la iglesia católica para que sea ella la que señale los contenidos de la enseñanza de una materia en condiciones equiparables al resto "son auténticas cesiones de competencia en materia reservada por la Constitución a los poderes públicos".
El problema principal, en opinión del magistrado, es "el incumplimiento de un requisito de validez", puesto que el artículo 93 de la Constitución exige "que los Tratados Internacionales se autoricen por Ley Orgánica", lo que "palmariamente se infringió respecto de los Acuerdos de 3 de Enero de 1979". Por todo ello, el magistrado dispone plantear una cuestión de inconstitucionalidad.