Unión Sindical Independiente de Trabajadores
Empleados Públicos
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Hemos
oído
de
todo
desde
atalayas
de
presuntos
izquierdistas,
pero
definitivamente
“progres”:
Inconstitucional,
aconstitucional,
evaluación
de
la
fe,
medida
discriminatoria,
catequesis,
y
un
largo
etcétera
de
lo
más
variado
y
a
cuál
más
demagógico
con
ligeros
barnices
de
progresía.
El
MECD
pretende
resolver
después
de
los
informes
del
Consejo
Escolar
del
Estado
y
del
Consejo
de
Estado;
pero
no
es
suficiente.
Todo
parece
moverse
desde
posiciones
ideológicas
trasnochadas,
no
desde
necesidades
pedagógicas
y
menos
aún
como
necesario
elemento
de
desarrollo
de
la
personalidad
respecto
a
la
asignatura
en
sus
dos
vertientes:
confesional
y
no
confesional.
No cabe duda que en estos momentos el problema suscitado podría ser grave y, en consecuencia, necesita de una respuesta clara, concreta e integradora. Conseguir unas soluciones dignas, respetuosas con todos y acercar las distintas y opuestas posturas es un reto que es necesario abordar definitivamente. La “cuestión religiosa” debe dejar de ser un problema.
Pero nuestra preocupación no es sólo llegar a un amplio consenso en esta materia, sino la situación de los docentes que imparten la asignatura confesional. Sin religión y moral católica en los centros públicos, se haría innecesario la presencia de miles de docentes en todo el Estado. ¿Qué piensan hacer con ellos después de muchos años ejerciendo esta profesión?. De momento y, debido a recortes presupuestarios o intereses espurios, que no afecta a los funcionarios docentes lógicamente, en la Comunidad de Madrid no se han renovado los contratos para 2003/04, a decenas de docentes. Existen con jornada reducida, con la consiguiente merma de emolumentos, de alrededor de cien docentes de esta materia. Y así en todas las C.C.A.A. del Estado. Y todo por la sospecha que se cierne sobre ellos: catequistas a un servicio ajeno a la administración, quien les paga.
Los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto contra la LOCE, por las distintas Asambleas Legislativas regionales, (Andalucía, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Asturias, etc.), en ningún caso han recurrido la Disposición Adicional 2ª, punto 4º, donde se perpetúa la precariedad de este colectivo. La “insensibilidad social pasa por la adecuación ideológica a los postulados “progres”, sin la mesura que se derivaría de una realidad sangrante, sufrida en las carnes de este colectivo, desde siempre maltratado. Por una u otra razón parecen no tener derecho a la más mínima estabilidad en el empleo, no se les considera profesionales de su materia, sino catequistas depredadores de conciencias.
A pesar de la poco esforzada jurisprudencia del Tribunal Supremo, estos docentes tienen derecho a su categoría profesional, a la estabilidad en el empleo como cualquier trabajador, a que se les valore según mérito y capacidad, en definitiva, a no ser considerados trabajadores de segunda, cuando ellos, en cualquier caso, no son responsables de esta situación.
COMISIÓN
EJECUTIVA
DE
U.S.I.T.-E.P.