Unión Sindical Independiente de Trabajadores

            Leemos con estupor las noticias aparecidas, con relación a la manida clase de religión y su profesorado, en los principales medios de comunicación.

            Se vierten afirmaciones como “la nueva regulación de la clase de religión se convino y se consensuó al máximo nivel”, aludiendo a un pacto sellado con el PSOE. Si esto fuese cierto, no podemos por menos que asombrarnos, pues no ha habido, que sepamos, un diálogo con los agentes sociales, sindicatos y asociaciones profesionales preocupados desde hace años por esta cuestión.

            Hay errores en la información difundida, que son importantes, sobre los profesionales que imparten esta materia, ya que desde el 1 de enero de 1999, la Conferencia Episcopal no tiene ningún control sobre el dinero que el Estado paga a estos docentes,  que lo hace directamente y no con pago delegado. Sin olvidar que los profesores de secundaria siempre han recibido sus emolumentos directamente del Estado o de las Comunidades Autónoma con competencias educativas.

            También se afirma que están “bien pagados”: Estos docentes cobran exactamente lo mismo que cualquier docente interino de su nivel educativo, por lo que no reciben ni trienios ni sexenios, que si les corresponden a los funcionarios docentes de carrera, aún cuando muchos profesores de religión, y sin posibilidad de opositar en esta asignatura, llevan más de 20 años en la docencia.

            No se trata, en ningún caso, de una lucha por la hegemonía moral y cultural, ya que como no puede ser de otro modo, el currículum de Sociedad, Cultura y Religión en su vertiente confesional, deberá ajustarse a los valores Constitucionales. De hecho, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981, en su Fundamento jurídico 9, afirma:

            “En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y, muy especialmente, los centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales...”.

            Lo más asombroso es cuando se deja caer, como asunto pendiente, la situación laboral de las personas que imparten la religión, así como un estatuto laboral para los profesores de religión; afirmando Monseñor Cañizares que: “hay que aquilatar algunos puntos de su estatuto laboral”. Este estatuto exclusivo, rechazado por buena parte del profesorado de religión, sería una injerencia imperdonable en las relaciones laborales instauradas en nuestra Constitución, y que sumiría a estos docentes en una situación de discriminación respecto al resto de trabajadores docentes, e impediría su plena integración y normalización.

COMISIÓN EJECUTIVA DE U.S.I.T.-E.P.