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 22 de marzo de 2004                                                           

NOTA DE PRENSA

              Desde la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USIT-EP), con representación sindical en el ámbito del profesorado de religión, nos felicitamos por las declaraciones efectuadas en estos días por los responsables del PSOE con relación a la mejora de la situación laboral del profesorado de religión, que pasa por el cumplimiento estricto de nuestra Norma Fundamental. Pero al mismo tiempo mostramos nuestra cautela sobre cómo se efectuará esta mejora en sus condiciones laborales, sobre todo con relación al Estatuto de los Trabajadores.

             Esta mejora no será posible sin un cambio en la Disposición Adicional Segunda, punto cuarto, de la LOCE, que en este apartado deja de ser Ley Orgánica para aparecer como Ordinaria, y que condena a una situación de precariedad, de “duración determinada”, que reconoce y sanciona el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.

              Flaco favor se hará a los profesores de religión si se les aplica el Estatuto de los Trabajadores con relación a la “extinción del contrato”, ya que éste, si no se cambia la LOCE, permite la no renovación por expiración del tiempo convenido, aún cuando la materia, y así lo demuestra el tiempo, tiene vocación de permanencia.

              Por otro lado, las tan legítimas pero manidas cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas ante el Tribunal Constitucional, dejan  puertas abiertas, alguna de ellas muy perjudiciales para el profesorado de religión, por lo que, entendemos, se debe acotar desde este mismo momento la cuestión desde el ámbito de la negociación.

              La selección de los docentes por la administración “entre aquellos propuestos por el Ordinario diocesano”, del artículo 3 del “Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales”, así como la asignación de Centros, bolsas de trabajo, concursos de traslado, etc..., que corresponde al empleador, es  el camino para  proteger de la arbitrariedad, los derechos y libertades fundamentales, que protegerá la estabilidad en el puesto de trabajo.